MADURO LIQUIDARÁ
LA PROPIEDAD PRIVADA
Pocas personas se han preguntado por qué Chávez entregó el
manejo de los Registros y Notarías de Venezuela a Cuba; más escaso aún es el
número de quienes asocian este hecho con la Ley de Propiedad Social que a
partir de 2007 comenzó a ser planteado por el Régimen a la opinión Pública.
Hay que advertir que ya había cedido a la Isla la dirección
de identificación de los venezolanos - DIEX, por el SAIME, Servicio Administrativo de
Identificación Migración y Extranjería- incluyendo la nueva cédula de identidad que
desde entonces poseemos los venezolanos. En ningún país del mundo, sectores tan
importantes y estratégicos son dados a otro para su uso discrecional.
La respuesta es que Chávez tenía proyectado, entre sus
planes y programas comunistas, el acabar con la propiedad privada en Venezuela,
lo que él pedía constantemente: “Demoler el capitalismo”, e implantar el modelo
cubano, tal cual como en la isla, incluyendo el sector de vivienda y
residencial en general. Muy pocas personas así lo creyeron, privaba la frase:
“No somos Cuba, no vale yo no creo”.
Pero el referendum, las constantes elecciones – era de
esperar que la opinión pública se opondría al ver la gravedad de los
planteamientos y su consecuente impopularidad para el Régimen- su posterior
enfermedad y muerte no le permitieron realizar este objetivo, cuyo cumplimiento
le corresponde ahora ejecutar a Nicolás Maduro, su vicepresidente de entonces y
actual Presidente de la República a quien le exigió en octubre de 2012,
acelerar el proyecto comunal, el cual, le reclamó, no avanzaba como eran sus
instrucciones.
Todo esto sin incluir que, aún con retraso, desde 2012 funciona el cable de fibra óptica, ordenado por Chávez, que conecta a Venezuela directamente con la Isla (desde Camurí Chico, estado Vargas, a playa Siboney, Cuba), el cual, según algunos analistas, facilita la comunicación directa y expresa de los jerarcas antillanos con el Régimen de Venezuela y les permite a los extranjeros mantener permanente información sobre nuestro país.
Todo esto sin incluir que, aún con retraso, desde 2012 funciona el cable de fibra óptica, ordenado por Chávez, que conecta a Venezuela directamente con la Isla (desde Camurí Chico, estado Vargas, a playa Siboney, Cuba), el cual, según algunos analistas, facilita la comunicación directa y expresa de los jerarcas antillanos con el Régimen de Venezuela y les permite a los extranjeros mantener permanente información sobre nuestro país.
Comuna o nada
«El problema es cultural. ¡Independencia o nada. Comuna o
nada», dijo un preocupado mandatario quien insistió en acelerar la conformación
del Estado comunal. Luego de su muerte en 2013, fue cuando Maduro incluyó las
instrucciones de Chávez en el Plan de la Patria.
Ya en abril del 2013, se incluyó el “Plan Comuna o nada” en
el Plan de la Patria. Sin dudas, el Régimen ha avanzado mucho más de lo que la
población, en general, ha podido percibir, toca ahora a Nicolás Maduro cumplir
lo que ha ofrecido reiteradamente desde abril: Aplicar el anhelado proyecto de
Chávez a través de la Asamblea Constituyente Comunal, por medio de la cual
cambiará el basamento del actual estado venezolano por el socialista comunista,
al propio estilo y desfasado modelo cubano.
El chavomadurismo se lo juega todo porque Maduro ha
reiterado durante todo el mes de mayo, en plena resistencia civil y muchedumbre
en las calles: “Nada me impedirá aplicar la Asamblea Constituyente Comunal”, y
acaba de señalar el sábado 27 de mayo que con la Asamblea Constituyente
“puede hacer todo lo que sea”. Adios
propiedad privada!!
El 14 de septiembre de 2008 el economista Alexander
Guerrero, en entrevista que nos diera para el diario El Carabobeño, planteaba:
“Con la confiscación de la propiedad privada y las leyes
habilitantes, el Presidente de la República busca generar un gran conflicto
social que, finalmente, le permita gobernar por decreto, es la opinión del
economista y docente universitario, Alexander Guerrero”.
En su opinión, el gobierno violenta la estructura de la
propiedad privada contemplada en la Constitución Nacional de 1999, e insiste en
que todo lo que se está haciendo amparado por esos decretos, es absolutamente
inconstitucional.
A su juicio, la sustancia de la mayor parte de estas 26
leyes está vinculada con la estructura económica venezolana: "primero,
violentan la estructura de la propiedad y ahora, pasan a la confiscación de la
propiedad".
La propiedad tiene tres características, según Guerrero:
tenencia, disfrute y disposición y usufructo o disponibilidad; es decir, si
alguien no puede decidir sobre ninguna de esas tres cosas, está siendo afectado
por otro alguien: el Estado y no hay posibilidad de que castiguen al Estado.
SAIME A LA CUBANA
El diario El Nacional publicó el siguiente reportaje sobre la cubanización de nuestro sistema de identificación y extranjería en el año 2011:
http://www.reportero24.com/2011/07/17/cuba-controla-toda-la-identidad-de-los-venezolanos/
Cédula electrónica a la cubana
Cédula electrónica a la cubana
■ El gobierno no puede acceder a los códigos fuente sin permiso.
■ El Nacional tuvo acceso al contrato entre el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia y la empresa estatal cubana Albet, que elabora la cédula electrónica para Venezuela.
■ Cedular extranjeros. El convenio, firmado en 2008 sin la participación de técnicos venezolanos, permite al Gobierno cubano incluir o borrar información de las bases de datos y hasta emitir documentos de identidad nacionales a ciudadanos de otros países
■ Viola software libre. Pese al decreto presidencial que obliga a todas las oficinas del Estado a usar software libre, por el desarrollo tecnológico que vende Cuba se deben pagar licencias de uso a grandes productoras internacionales.
Albet, la empresa del Gobierno cubano que elabora la nueva identificación para Venezuela, tiene acceso libre a la base de datos de los ciudadanos, incluso a la expedición de los documentos. El contrato tiene cláusulas de confidencialidad que impiden a los técnicos nacionales conocer el proceso.
Una empresa cubana está en capacidad de manipular los millones de datos que el Gobierno de Venezuela le entregó para la elaboración de las nuevas cédulas electrónicas gracias a un convenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos, según documentos a los que tuvo acceso El Nacional . De acuerdo con un ex asesor del Ministerio de Interior y Justicia, que asegura que se vio forzado a pedir asilo en Estados Unidos por atreverse a criticar al convenio, el Gobierno cubano podrá incluir o borrar información de las bases de datos y hasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de otros países.
“Eso debía estar manejado en Venezuela, por venezolanos”, dice Anthony Daquin, ingeniero de computación venezolano, que hasta 2009 fue asesor del ministerio en materia de documentos electrónicos. “Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad, cómo se abre la caja criptográfica (mecanismo de cifrado de la información en el chip electrónico), cuántas veces, cuándo se destruye el chip”, explica el ex asesor.
Daquin advierte que para Cuba será ahora muy fácil emitir cédulas y pasaportes venezolanos para sus ciudadanos y funcionarios o incluso para otros extranjeros. Son pocos los que se atreven a cuestionar el acuerdo, agrega. “A todo el que ha estado cerca del contrato de la cédula electrónica, que lo ha objetado, lo han amenazado”.
La cédula electrónica incluirá en el chip el nombre y apellido, fecha de nacimiento, fecha de expiración, las huellas dactilares, el registro de información fiscal (datos sobre el pago de impuestos al Seniat), firma y foto. También se ha hablado de incluir el tipo de sangre y la historia médica.
La empresa cubana favorecida con el contrato de más de 170 millones de dólares es Albet Ingeniería y Sistemas.
Ante sus limitaciones operativas y de material, la firma debió subcontratar a la multinacional Gemalto, con sede en México. Representantes de ambas firmas se negaron a hablar con El Nacional.
Si el proceso de cedulación culmina, los venezolanos acudirán a votar en 2012 con un sistema de identidad que, en la práctica, está manejado y controlado por el Gobierno de Cuba.
“Aunque la contratista sea extranjera porque en el país no hay la tecnología para desarrollar los proyectos, por un tema de seguridad de los datos y hasta de nacionalismo, debe haber un grupo de personas del país que maneje los programas”, analiza Miguel Torrealba, profesor del departamento de Computación de la USB y experto en seguridad de la información. “Hay que conocer la data y protegerla de los intereses que puedan surgir, aunque se trate de compañías de naciones amigas”, añade.
El servicio de identificación, que ahora está en manos extranjeras, históricamente ha sido vulnerable. El año pasado, por ejemplo, detuvieron en Caracas a un grupo de colombianos que cobraba entre 5.000 y 10.000 bolívares por cada cédula falsificada. La policía determinó que 2 funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Saime, eran cómplices. En 2007, el narcotraficante Farid Faris denunció que el entonces director de la Onidex (actual Saime), Hugo Cabezas, le facilitó identificaciones venezolanas falsas. El año pasado, el organismo comenzó un plan anticorrupción por el que ya lleva cerca de 300 funcionarios detenidos.
Decisión binacional:
En Cuba se planificó el cambio de la cédula de identificación tradicional a una electrónica, un proyecto cuya ejecución lleva dos años de retraso. Documentos a los que accedió El Nacional señalan que en la isla se realizó la licitación para determinar qué empresas proveerían las tarjetas de policarbonato para hacer las identificaciones; los cubanos tienen facultades para subcontratar los bienes y servicios a nombre de Venezuela; sus técnicos trabajan en los programas informáticos que regirán el proceso de identificación y tienen garantizado el acceso a la data.
El Ministerio de Interior, uno de los principales clientes de Albet, le encomendó a esta compañía el proceso de modernización del Saime. La Agencia Bolivariana de Noticias reseñó que el proyecto para cambiar el sistema de identificación a uno electrónico formó parte de la VII Comisión Mixta Cuba-Venezuela, celebrada en 2007, que incluyó más de 350 planes.
Durante la gestión de Jesse Chacón como titular del despacho de Interior y Justicia se desarrolló la primera fase del proyecto de transformación y modernización del Saime, con el lanzamiento del pasaporte electrónico, cuya contratación y puesta en marcha se hizo a través de Albet. La segunda fase, la de la cédula electrónica, también le fue adjudicada a la firma cubana. En marzo de 2008, con Pedro Carreño a la cabeza, Albet y el ministerio suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios Tecnológicos Integrales para la Transformación y Modernización del Sistema de Identificación, Migración y Extranjería (Fase 2), por 172,2 millones de dólares. Se le encomendó a los cubanos desde el suministro de las cédulas hasta el software para manejarlas. También se le asignó la emisión de documentos en sedes consulares y misiones de Venezuela en el exterior; el manejo de los puntos de control migratorio y la instalación de sistemas de seguridad en la Torre Aco, la nueva sede del Saime en Las Mercedes, así como de sus otras oficinas en todo el país.
Secreto:
El convenio ha estado rodeado del más absoluto hermetismo. Sobre las 30 páginas de este acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad que se advierten desde el encabezado. “No más de 20 venezolanos tuvieron acceso a este contrato. A las reuniones siempre acudían cubanos y fue en La Habana donde se hizo la licitación para comprar la cédula electrónica”, señala Daquin. Es la primera vez que conversa desde un lugar en Estados Unidos sobre la información a la que tuvo acceso. “Sus correos y su teléfono deben estar intervenidos, al igual que los míos”, le dice a su interlocutora. Pide no revelar la ciudad en la que vive desde noviembre de 2009, cuando solicitó asilo político porque asegura fue amenazado debido a la información que manejaba sobre la intervención cubana en asuntos como la cedulación.
El contrato suscrito entre el ministerio y Albet autoriza el acceso a las instalaciones y sistemas del Saime, para los trabajos asociados a la implementación de la cédula electrónica. Una de las cláusulas establece: “Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”.
“La parte venezolana no podrá acceder a los códigos fuente para realizarle modificaciones o ajustes a las aplicaciones informáticas desarrolladas, mientras esté vigente el contrato o el período de soporte técnico, excepto que la parte cubana manifieste de forma expresa su conformidad con esta acción”, aclara otra cláusula.
Caro y tardío:
Además del secreto y las irregularidades en su adjudicación, el convenio ha resultado altamente costoso y ha estado plagado de demoras. La transferencia tecnológica que Albet prevé tardará 10 años en completarse. “Otras empresas, como una china, la ofrecían en 3 años”, añade Daquin.
La cédula electrónica venezolana, además, es una de las más caras entre los países del continente que han adquirido la tecnología de identificación biométrica. Ecuador decidió en 2010 emplear 93,5 millones de dólares para la modernización de su sistema de registro civil, identificación y cedulación. En 2009, después de una licitación pública en la que fue favorecido un consorcio con participación nacional, México otorgó el contrato para cedular a los casi 107 millones de mexicanos por 51 millones de dólares, menos de un tercio de lo que le costó a Venezuela, que tiene 28 millones de habitantes.
El acuerdo comercial entre el Gobierno y Albet, que tenía originalmente vigencia de un año, ha sido prorrogado consecutivamente. A finales de 2009, el proyecto debía estar en marcha, pero las autoridades venezolanas han aplazado la fecha. Dante Rivas, director general del Saime, la prometió para el primer trimestre de 2011, pero todavía no está en ejecución.
Empleados públicos advierten que dentro de las instituciones es difícil cuestionar el papel de los antillanos. “Creen que estás contra ellos y no comprenden que el hecho de que los cubanos subcontraten los desarrollos de software hace que al final Venezuela pague más por los proyectos”, dice un programador de Cantv que solicita no ser identificado.
“Estamos pagando doble por esos proyectos, para eso el Estado le paga directamente a Microsoft. Siempre tenemos al intermediario cubano.
Terminamos peor que antes, tenemos doble dependencia tecnológica”, señalan desde las oficinas públicas.
Licitación antillana:
Albet no produce las láminas de policarbonato para hacer las cédulas ni el software para introducir la información en los chips y manejar el sistema, por lo que tuvo que subcontratar estos bienes y servicios. Daquin muestra una comunicación que la empresa cubana envió, en 2008, a compañías transnacionales dedicadas a producir sistemas de identificación. La firma las invitaba a participar en “la licitación para el suministro de 6 millones de cédulas electrónicas” del proyecto que el ministerio venezolano le asignó. De acuerdo con el cronograma, el contrato debía firmarse en junio de ese año y el lote completo de cédulas debía ser entregado en marzo de 2009, en el puerto de La Guaira o en el aeropuerto de Maiquetía.
Los representantes de las empresas debían ir a Cuba para la revisión de la propuesta técnica y económica. Al final de la misiva, Albet adjuntó un mapa del sector del municipio Playa, en Ciudad de La Habana, donde se encontraba la casa en la que se haría la reunión. Clasificaron las empresas Iris Corporation Berhad, de Malasia; Hightech, de Venezuela, con representación de una firma china; Bundesdruckerei, de Alemania; Sagem, de Francia, y Gemalto, cuya casa matriz está en Holanda. Bundesdruckerei y Sagem confirmaron a este diario su participación en la licitación de la cédula electrónica, pero no dieron detalles sobre dónde y cuándo se hizo.
En los registros venezolanos no aparece ningún llamado a licitación para esta contratación en los últimos cuatro años. “La Onidex (actual Saime) estará saliendo al mercado internacional para buscar los mejores proveedores del servicio de impresión de documentos electrónicos, mediante el correspondiente proceso de licitación conjunta con Cuba”, declaró el 13 de febrero de 2008 a la Agencia Bolivariana de Noticias José Javier Morales, entonces director de Identificación y Extranjería.
Gemalto, en su filial de México, salió favorecida y se convirtió en la proveedora de las tarjetas de policarbonato y el software. La multinacional maneja 30% del mercado mundial de sistemas de identificación y, por ejemplo, elabora el pasaporte electrónico para Estados Unidos. En Venezuela, trabaja para la banca en su migración a tarjetas de débito y crédito con tecnología de chip.
Daquin trabajó para la rama de proyectos gubernamentales de Gemalto en América Latina.
Asegura que ésta fue la única empresa que aceptó las condiciones de los cubanos en la contratación. “La oferta de los chinos era mejor, pero ellos están acostumbrados a hacer negociaciones de Estado a Estado y no aceptaron la intermediación de Cuba”, asegura.
Representantes de la empresa china declinaron dar detalles sobre su participación.
“Cliente final”:
El contrato entre Albet y Gemalto, por 40,5 millones de dólares, está fechado en La Habana, en agosto de 2008. En el documento se refieren al Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela como el “cliente final”, el que usará los bienes y servicios transados.
Lo suscribieron Antonio Romillo Tarke, director general de Albet, y dos representantes legales de la filial de Gemalto en México. El objeto era suministrar 6 millones de tarjetas de policarbonato con chip; desarrollar las aplicaciones informáticas relacionadas con la seguridad de los datos en las tarjetas; diseñar e instalar un laboratorio para probar las tarjetas y el software, tanto en las instalaciones de la empresa cubana como en Venezuela; capacitar y hacer la transferencia tecnológica tanto a Albet como al cliente final.
El contrato especifica que las aplicaciones informáticas desarrolladas para cumplir con este proyecto serán propiedad de Albet y Gemalto. “Debiendo dictar de común acuerdo los lineamientos bajo los cuales podrán ser utilizados por el cliente final”, aclaran. Ex trabajadores del Saime, que piden no revelar sus nombres por temor a represalias, afirman que cada vez que Venezuela necesite ajustar el software o renovarlo tendrá que recurrir a ambas empresas y hacer desembolsos nuevamente.
En el Saime, la revisión de este contrato entre Albet y Gemalto generó problemas. Los ex trabajadores de la institución señalan que, cuando presentaron sus observaciones sobre las desventajas de esta contratación, fueron removidos de sus puestos. “Se hizo una reunión con la gente de Albet y del Saime en la que se habló de la necesidad de que la infraestructura de clave pública (aplicaciones para asegurar la información en los chips de la cédula) se contratara con otras empresas que sí nos dieran acceso a los códigos fuente para que nosotros mismos, los venezolanos, pudiéramos saber qué hay en el chip y desarrollar programas para hacer cambios en él o almacenar nuevos datos. Pero a los cubanos no les gustó y nos botaron a todos”, relató uno de ellos.
En Aporrealos.com, la página de foros del portal oficialista Aporrea.org, en la que seguidores de Hugo Chávez vierten sus opiniones, quejas y denuncias, se habla de un incidente en el que se desmanteló, en el último trimestre de 2010, la Dirección de Tecnología de Información del Saime. Unos advierten que los funcionarios salieron bajo coacción por sus denuncias sobre la intervención cubana en el proyecto de la nueva cédula electrónica.
Otros señalan que el grupo fue destituido por supuestas prácticas corruptas.
El punto de cuenta número 139 (memorando interno), que circuló en el Saime en octubre de 2010, revela que se buscaron otras opciones para proveer los programas informáticos que controlarán la cédula electrónica. En la comunicación, la Dirección de Tecnología de Información del organismo analiza las leyes que obligan a los organismos públicos a utilizar software libre, algo que no establecen los contratos firmados con Albet.
Sugirieron contratar una empresa que les proveyera programas para los que no se requiera pagar licencias de uso, que les transfiriera la tecnología y les dejara a los venezolanos el control de los códigos fuente, que permiten ajustar el software para el manejo de la cédula. “Con un proyecto que cumpla esta normativa, (…) el Saime estará garantizando la operatividad soberana”, concluyeron.
Evaluaron ofertas de la Fundación Instituto de Ingeniería (ente público en el que cooperan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad Simón Bolívar) y la empresa española Realsec. Pese a lo expuesto en ese punto de cuenta, las contrataciones no se concretaron y Albet continúa ejecutando el proyecto.
“¿Por qué los funcionarios venezolanos no tienen acceso a ciertas áreas de la sede del Saime y sólo pueden entrar cubanos?”, se pregunta Daquin.
Ni el Saime ni el Ministerio de Interior y Justicia atendieron las solicitudes de entrevista para darle respuesta a esta interrogante.
